La Defensoría del Pueblo expresó este martes su preocupación por las informaciones reveladas por medios de comunicación nacionales sobre los presuntos vínculos entre miembros del denominado Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF) y altos funcionarios del Estado.

En un comunicado leído a los medios desde Barranquilla, la Defensora Iris Marín aseguró que “el Presidente de la República tiene la facultad y la obligación de garantizar el orden público en todo el país. Para ese fin, tiene a su disposición, de una parte, los mecanismos relacionados con la acción de la Fuerza Pública y la colaboración con la rama judicial”.

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Marín indicó que “es de su resorte evaluar la conveniencia de acudir a sus mecanismos. En todo caso, nunca puede renunciar a su deber de proteger a la población”.

La Defensora se refirió a la suspensión de ordenes de capturas, afirmando que “la valoración que haga el Presidente (Gustavo Petro)  del uso de esa facultad obliga a que se establezcan todos los protocolos y garantías para evitar que esa suspensión de captura sea usada para fines distintos al fin de la violencia y la consecución de la Paz”.

Concretamente, Marín hizo mención al hecho ocurrido en Anorí, Antioquia, en julio del 2024, el cual generó dudas desde ese entonces sobre el uso adecuado de la suspensión de las órdenes de captura por parte de alias Calarcá Córdoba y otros representantes de la mesa de paz.

"Esto se debe a que en esa captura se verificó el traslado de integrantes del grupo que no contaban con la suspensión de órdenes de captura, así como el transporte de dinero, de armas y un menor de edad".

La Defensora tocó el tema de los reclutamientos de menores por parte del Estado Mayor de los Bloques y el Frente, asegurando que "se comprometió a suspender el reclutamiento, concentrarse en una zona de ubicación temporal, respetar el proceso electoral y avanzar hacia la paz. Incluso ha realizado gestos como la liberación de personas que estaban secuestradas".

Pero la realidad contrasta con "el aumento de sus hombres en distintas regiones del país, dificultades para garantizar su concentración en condiciones adecuadas que permitan avanzar hacia un proceso real de desarme. Continúa el reclutamiento forzado e incluso su justificación, así como una expansión territorial y un control poblacional creciente".

Y cuestionó que el propio 'Calarcá' haya manifestado en reiteradas ocasiones palabras "que ponen en duda su voluntad de transitar hacia la paz".

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Por otra parte, algunos voceros de los grupos armados y de este grupo armado con roles de liderazgo y participación en el proceso de paz, han manifestado públicamente su rechazo a la dejación de las armas.

Aseguró que "solo la implementación efectiva del mecanismo formal de verificación acordado en el último ciclo permitirá establecer si los compromisos asumidos se reflejan o no en hechos reales. En ejercicio de la facultad constitucional para impulsar y mantener salidas negociadas al conflicto armado, el Presidente debe evaluar de manera integral tanto los acuerdos alcanzados como la información proveniente de diversas fuentes sobre el comportamiento del grupo armado"

Exigió que "los hechos demuestren una voluntad auténtica de paz, en particular una reducción efectiva de las afectaciones a la población". Y sobre las filtraciones de los disidentes con altos funcionarios del Estado en el Ministerio de Defensa y en la Dirección Nacional de Inteligencia, "de ser ciertas, indicarían no sólo un plan distinto por parte del grupo, sino cuestionamientos sobre la integridad de todo el gobierno en un proceso incorruptible que conduzca a la paz".

Finalmente, indicó que es "urgente que la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación adelanten las investigaciones penales y disciplinarias con celeridad, independencia e imparcialidad, que informen sus avances y resultados con transparencia y respeto del debido proceso. Mientras que se esclarecen los hechos, es imprescindible que los superiores adopten medidas inmediatas que garanticen la integridad de las investigaciones y eviten cualquier interferencia, para lo cual se recomienda evaluar el retiro de los funcionarios de las personas, de funciones de las personas que pudieran estar comprometidas en los hechos de corrupción".